El Presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP) se reunirá con el Gobierno. #Villalbilla

El Presidente Abel Caballero, ha anunciado que el motivo de la reunión será tratar sobre la financiación local, el techo de gasto y el superávit de los Ayuntamientos.

El Presidente de la FEMP volverá a plantear oficialmente la necesidad de formular y desarrollar un nuevo modelo de financiación local, en paralelo con el desarrollo del modelo financiero autonómico.

También reiterará la necesidad urgente de revisar la regla y el techo de gasto, y que se dé luz verde a que las Entidades Locales pueden reinvertir el superávit generado y que supera los 4.500 millones de euros.

Los Ayuntamientos cumplen sus obligaciones a rajatabla y no solo no incurren en déficit sino que presentan superávit. Pedirá al Gobierno que deje a los Ayuntamientos gastar ese superávit y también la flexibilización del techo de gasto.

 

LOS AYUNTAMIENTOS EN LA CONSTITUCIÓN

La FEMP pedirá la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local e instará que se incluya los sistemas de financiación y la delimitación de competencias entre los entes locales y las comunidades autónomas.

Así mismo plantea también una reforma de la Constitución para incluir un catálogo específico de derechos de los ayuntamientos y la obligación de ser dotados de recursos suficientes para la prestación de servicios públicos de ámbito municipal.
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La PIM comparte todas las pretensiones que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presentará al Gobierno de España.
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Libre te quiero

 

 

 

 

 

 

Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía.

Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía.

Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía.

Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, pero no mía.

Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra, pero no mía.

Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera.

 

Agustín García Calvo (poeta, dramaturgo, pensador)

 

Nueva Ley de Bases del Régimen Local

 

El Gobierno de España, al hilo de la reforma “Express” del artículo 135 de la Constitución Española, en el que se consagra la estabilidad presupuestaria como principio fundamental que debe regir las actuaciones de las administraciones públicas, ha decidido modificar la Ley de Bases del Régimen Local con el “pomposo” nombre de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El objetivo, según el gobierno, es que las administraciones públicas funcionen según los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. De manera que “parchea” todo el articulado de la actual Ley para adaptar la organización y el funcionamiento de la Administración Local a los objetivos de la nueva Ley.

Ese es el objetivo del gobierno, pero la gran mayoría de especialistas municipalistas (políticos de todas las tendencias, profesores de Derecho Administrativo, funcionarios de habilitación nacional), coinciden en que la nueva Ley no ataca los problemas de fondo que, sin duda, tienen los ayuntamientos.

Lejos de potenciar a la administración más cercana al ciudadano, esta Ley vacía de contenido a los ayuntamientos, les resta autonomía propia, es recentralizadora de las competencias que vienen prestando a los ciudadanos y tiende a la privatización (que no externalización) de los servicios municipales.

El gobierno enfoca la reforma de la Ley como consecuencia de la crisis económica y de la denominada “crisis de la deuda”, pero resulta paradójico, a la vista de los datos que ofrece la propia distribución de la deuda pública en los distintos niveles del Estado, que ese no es el quid de la cuestión, ya que la deuda de las entidades locales (8.100 ayuntamientos) no llega al 5% de la deuda total del Estado.

El déficit público derivado del gasto local es de 35.290 millones de euros, realmente insignificante sobre el total del sector público. Por otro lado gran parte de esta deuda municipal es de las grandes ciudades y causada por los megaproyectos de todos conocidos.

Difícilmente, pues, se le puede achacar a los municipios, y muy especialmente a los pequeños  y medianos municipios, la responsabilidad de la abultada deuda pública (gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, ayuntamientos), que supone un total de 937.334 millones de euros (casi un billón de euros).

Por tanto, es suficientemente expresivo de que las responsabilidades y las soluciones a este problema, y sin perjuicio de que sea precisa una reforma de la Administración Local, parece que deberían buscarse y acentuarse en otras direcciones, dentro de la propia administración del Estado, de toda la administración del Estado.

En próximos artículos expondremos nuestra opinión sobre los cambios concretos de la nueva Ley y de qué manera afecta o puedan afectar al Ayuntamiento y, por ende, a los ciudadanos en general y a Villalbilla en particular.

Nueva Ley de Bases del Régimen Local