Nueva Ley de Bases del Régimen Local

 

El Gobierno de España, al hilo de la reforma “Express” del artículo 135 de la Constitución Española, en el que se consagra la estabilidad presupuestaria como principio fundamental que debe regir las actuaciones de las administraciones públicas, ha decidido modificar la Ley de Bases del Régimen Local con el “pomposo” nombre de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El objetivo, según el gobierno, es que las administraciones públicas funcionen según los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. De manera que “parchea” todo el articulado de la actual Ley para adaptar la organización y el funcionamiento de la Administración Local a los objetivos de la nueva Ley.

Ese es el objetivo del gobierno, pero la gran mayoría de especialistas municipalistas (políticos de todas las tendencias, profesores de Derecho Administrativo, funcionarios de habilitación nacional), coinciden en que la nueva Ley no ataca los problemas de fondo que, sin duda, tienen los ayuntamientos.

Lejos de potenciar a la administración más cercana al ciudadano, esta Ley vacía de contenido a los ayuntamientos, les resta autonomía propia, es recentralizadora de las competencias que vienen prestando a los ciudadanos y tiende a la privatización (que no externalización) de los servicios municipales.

El gobierno enfoca la reforma de la Ley como consecuencia de la crisis económica y de la denominada “crisis de la deuda”, pero resulta paradójico, a la vista de los datos que ofrece la propia distribución de la deuda pública en los distintos niveles del Estado, que ese no es el quid de la cuestión, ya que la deuda de las entidades locales (8.100 ayuntamientos) no llega al 5% de la deuda total del Estado.

El déficit público derivado del gasto local es de 35.290 millones de euros, realmente insignificante sobre el total del sector público. Por otro lado gran parte de esta deuda municipal es de las grandes ciudades y causada por los megaproyectos de todos conocidos.

Difícilmente, pues, se le puede achacar a los municipios, y muy especialmente a los pequeños  y medianos municipios, la responsabilidad de la abultada deuda pública (gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, ayuntamientos), que supone un total de 937.334 millones de euros (casi un billón de euros).

Por tanto, es suficientemente expresivo de que las responsabilidades y las soluciones a este problema, y sin perjuicio de que sea precisa una reforma de la Administración Local, parece que deberían buscarse y acentuarse en otras direcciones, dentro de la propia administración del Estado, de toda la administración del Estado.

En próximos artículos expondremos nuestra opinión sobre los cambios concretos de la nueva Ley y de qué manera afecta o puedan afectar al Ayuntamiento y, por ende, a los ciudadanos en general y a Villalbilla en particular.

Nueva Ley de Bases del Régimen Local

 

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