El despilfarro público, delito penal

Nos hacemos eco, por su interés, de la iniciativa de la Defensora del  Pueblo sobre la intención de penalizar el despilfarro público como delito penal

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La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, anunció en el pleno del Congreso de los Diputados que ha solicitado al Ministerio de Justicia que estudie “con toda seriedad y rigor” la inclusión del “despilfarro público” como delito en el Código Penal.

A esta cuestión se ha referido Cava de Llano al terminar su intervención sobre la memoria de esta institución de 2010 ante los diputados presentes en la Cámara, un tema que, según ha dicho, “escandaliza profundamente, y con razón, a los ciudadanos”.

“Un tema que es un clamor en la calle y les advierto de que no voy a mirar a nadie, absolutamente a nadie porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, ha continuado la Defensora.

Se trata, ha insistido, del “dinero de todos obtenido por las administraciones públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de personas. Deudas y deudas que habrán de pagar las futuras generaciones”.

“Facturas que se cuentan por centenares, generadas alegremente como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los trabajadores o a los empresarios o a los autónomos fuera infinito; gasto inconmensurable, que generalmente no busca el lucro personal de quien lo decide pero sí su lucro político”.

Por ello, la Defensora se ha preguntado si las leyes actuales son adecuadas para expresar en términos jurídicos el “reproche social” que merecen estas conductas, que son, en su opinión, “una de las causas determinantes de la gravísima crisis económica que padecemos”.

Es necesario, a su juicio, una reflexión sobre este asunto ya que el despilfarro público no tiene en nuestro ordenamiento jurídico “una respuesta proporcional”.

Así, el Tribunal de Cuentas, en su memoria anual de 2010 dice que la responsabilidad “es contable y no sancionadora”, mientras que el Código Penal exige el ánimo de lucro en los delitos de malversación, algo que, a su juicio, “no concurre en las conductas de la clase política y no se adecua en absoluto a lo que normalmente se entiende como el despilfarro”.

 

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