Los Ayuntamientos y sus dificultades económicas. Villalbilla INFO

Los Ayuntamientos, a diferencia de las comunidades autónomas, apenas tienen margen para captar financiación externa, por eso el Gobierno de España ha habilitado una línea de financiación mediante un  Decreto Ley, para que los Ayuntamiento puedan hacer frente a la deuda a proveedores.

Pero la contrapartida al crédito con la que los Ayuntamientos pagarán sus facturas será muy severa: las cuentas municipales podrán ser revisadas por la Intervención General del Estado, a la que se le da incluso la potestad de encargar actuaciones de control a auditorías privadas.

Este plan de ayuda estará ligado a que los Ayuntamientos garanticen que tendrán recursos para devolver los préstamos, que cuentan con el aval estatal. Por esa razón, las entidades locales deben presentar planes de ajuste antes de final de mes.

Los planes de ajuste forzarán a los Ayuntamientos a reducir gastos o elevar sus impuestos y tasas para garantizar el pago de los préstamos. Para garantizar que estas medidas se apliquen, el Ministerio de Hacienda podría retener la participación en los ingresos tributarios del Estado a los municipios que no realicen esos planes o los incumplan.

El decreto regula la creación del fondo estatal que aglutinará la operación financiera, y contempla un exhaustivo seguimiento del plan de ajuste, de manera que el interventor municipal deberá informar, cada año, sobre si la ejecución de ese plan permite lograr los recursos necesarios para pagar los créditos.

El Gobierno puede entender que el informe de seguimiento no es suficiente para comprobar la situación de las cuentas municipales. Con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas, se podrá someter a los Ayuntamientos a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado.

La Intervención General del Estado decidirá qué controles realizar sobre las cuentas municipales en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración de los informes de seguimiento.

Con el resultado del informe del interventor municipal, y de los controles de la Intervención del Estado en los casos que así se decida, el Gobierno obtendrá los datos necesarios para saber si el Ayuntamiento puede, o no, pagar el préstamo. En caso negativo, tendrá base para exigir al gobierno municipal un ajuste mayor, y podrá retener la participación en ingresos tributarios del Estado en caso de que el impago se materialice.

Estas medidas supone, en la práctica, la intervención de los Ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, con lo que ello supone: pérdida de la independencia municipal en la toma de decisiones.

En definitiva las decisiones se toman al margen de los Ayuntamientos, pero los ciudadanos seguirán demandando los servicios a los Ayuntamientos. Pero, ¿quién le dirá a los ciudadanos que no a sus demandas?

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